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La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el miércoles en Santiago de Chile la defensa del Estado mexicano ante la acusación de falta de protección y prevención en el crimen de tres mujeres en Ciudad Juárez, en el final de un trascendental juicio que tendría sentencia antes de fin de año.
En su declaración, la fiscal que representó al Estado mexicano refutó cada uno de los cargos y aseguró una pronta aclaración judicial del crimen de las tres mujeres, cuyos cadáveres mutilados y con signos de violación fueron encontrados en 2001 en un campo algodonero en las afueras de Ciudad Juárez, en el norte del país. Las mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron las únicas que pudieron ser identificadas de un grupo de ocho que fueron halladas en el mismo lugar y con los mismos signos de violencia.
"Me voy de esta Corte con una decisión de satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y asesinato de mujeres en mi país", dijo a la AFP la procuradora fiscal del Estado de Chihuahua, Patricia González. "Estamos dispuestos a resarcir e indemnizar a los familiares de las víctimas por todo el daño que se les causó, tanto psicológica como físicamente, pero no es cierto que no se le haya dado apoyo y ayuda en todo este tiempo", agregó. "Se ha hecho una trabajo intenso, con audiencias, equipos internacionales de antropólogos forenses y en permanente contacto con las madres de las víctimas", detalló la fiscal, quien prometió una pronta resolución judicial del caso.
"En los próximos meses tendremos resultados para dar con el paradero de los responsables de estas tres muertes", aseguró.
Pero uno de los abogados de las víctimas, Ariel Dulitzky, rechazó los argumentos de la defensa e incluso acusó un hostigamiento hacia las madres de las víctimas. "El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías", señaló, para luego afirmar que "el gobierno mexicano ha estado tras las constantes amenazas a las valientes madres de estas víctimas".
El caso, sobre las muertes de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos es emblemático desde varios puntos de vista. Representa el primero por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales que lleva la Corte Interamericana, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. El caso es además el primer proceso que llega a un tribunal internacional sobre algunas de las cerca de 380 mujeres asesinadas en los últimos años en Ciudad Juárez, que en su mayoría no han sido aclarados judicialmente.
"Todos los tribunales de América estarán pendientes del fallo de la Corte, ya que será la guía de cómo los Estados deben enfrentar el tema de género, el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia y sus familias", dijo el abogado Dulitzky.
Pero las madres de las víctimas ven el dictamen de la Corte -previsto para octubre o noviembre de este año- como la única posibilidad de obtener justicia. "Han sido años de lucha, de sacrificio y penas, pero esperamos que la Corte nos dé la razón, porque sabemos que tenemos la razón", dijo Benita Monárrez, madre de Laura Ramos. "Este juicio nos debe dar la razón. El Estado nunca se ha acercado, siempre ha actuado con mucha hipocresía y no ha cambiado nada. Creo que nunca va a cambiar nada si la Corte no nos ayuda en nombre de todas las mujeres de México", señaló por su parte Josefina González, madre de Claudia González.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a México ante la Corte Interamericana, por su "responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas" y su "falta de prevención de los delitos".
La Comisión solicitó además a la Corte ordenar al Estado mexicano adoptar medidas de reparación.
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