Abogados españoles participan en la defensa de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez

 

Demanda contra México por desprotección a las víctimas

Es la primera vez que se escucha la voz de los familiares de las víctimas en un juicio

 

Más de 1.100 mujeres han sido asesinadas en el Estado de Chihuahua, México, en los últimos 19 meses, la mitad en Ciudad Juárez. Desde 1993 esta ciudad mexicana puede ser considerada como "reino de la impunidad". Así lo asegura la abogada Mayte Cruz, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. Acompaña como asesora al abogado Emilio Ginés, que participará en la defensa de las víctimas del llamado ‘feminicidio’ en la vista oral que celebra en Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.

Acto en recuerdo de las mujeres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez.

Este juicio se debe a la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso ante la Corte Iberoamericana, institución judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra México por no haber adoptado medidas de protección a las víctimas.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) decidió enviar a Santiago de Chile al abogado Emilio Ginés después de que ningún abogado del estado de Chihuahua quisiera llevar la defensa de las víctimas del "feminicidio" por motivos de seguridad. Mayte Cruz señaló que el pasado mes de agosto "mataron a ocho abogados que iban a defender a las familias de ésas víctimas" con lo que en la actualidad "no hay ningún abogado en el Estado de Chihuahua que quiera defender a estas personas".

Para Ginés, “el sistema judicial mexicano no funciona y eso es lo que ha permitido la impunidad, porque legitima al que quiere matar, que tiene todas las facilidades”. “Mientras los fiscales de Chihuahua son nombrados por el gobernador Reyes Baeza, quien es a su vez cuñado del mayor narco de la región, las mujeres siguen siendo asesinadas”, explicó.

El ‘caso del campo algodonero’

En Santiago de Chile se ha tratado, desde el 23 al 30 de abril, el 'caso del campo algodonero'. En noviembre de 2001 en Ciudad Juárez fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres con signos de violación y malos tratos, de las cuales sólo se pudo identificar a tres. La Corte ha analizado en estos días el caso de esas tres víctimas, "maquiladoras" (trabajadoras en empresas foráneas que montan las piezas de productos para su exportación), y la presunta responsabilidad del Estado mexicano para esclarecer estos crímenes.

Mayte Cruz destacó que, desde el año 1993, en el que se iniciaron los trámites para que alguno de estos feminicidios pudiese ser juzgado, éste es el primer caso que "se consigue que se admita a trámite y que se llegue a una vista oral". Cruz señaló que en la vista oral se solicitan "responsabilidades" al Estado de México "por violación de Derechos Fundamentales", además de la "investigación de ésos asesinatos y que se dignifique la memoria de las víctimas".

En la vista, se ha escuchado por primera vez la voz de las víctimas, por medio de sus familiares, que sufren amenazas y hostigamientos. Benita Monárrez, madre de una de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, ha acusado a funcionarios de ejecutar esos crímenes y también al Estado mexicano de encubrir a los culpables, "Nosotros pensamos que (los autores de estos hechos) son personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades a cambio de que estas encubran sus hechos, denunció Monarrés en la primera sesión de la Corte.

Según explicó, "toda mujer en Ciudad Juárez, sobre todo siendo humilde, se siente desprotegida, porque ve que (las autoridades) no hacen nada" ante los más de 500 asesinatos de mujeres registrados desde 1993 en esa ciudad, limítrofe con El Paso (EEUU). Las víctimas son hijas de mujeres "desamparadas, solteras, luchadoras y de bajos recursos, porque piensan que ellas no van a luchar", recalcó Monárrez.

El equipo de abogados de las víctimas reconoce algunos de esos avances, pero Ariel Dulitzky, uno de los asesores de las víctimas, denuncia que ocho años después de los crímenes del "caso del campo algodonero" "ni siquiera hay una persona acusada formalmente en ninguno de los tres homicidios".

Los abogados de las víctimas tratan de demostrar que "hay un contexto de violencia contra las mujeres y una absoluta falta de respuesta eficiente del Estado, y que no hay avances concretos para hallar a los culpables", según Dulitzky, Con ello, espera que la Corte aproveche esta "oportunidad histórica" para reparar el daño moral y material que se ha causado a las supuestas víctimas y "siente un precedente de cómo debe tratarse la violencia contra las mujeres en Latinoamérica".